CTA denuncia que los incumplimientos del contrato de limpieza viaria en Baena pueden afectar a la ciudadanía
La Central de Trabajadores de Andalucía (CTA) ha hecho pública la documentación del Decreto de la Fiscalía Provincial de Córdoba, que constata incumplimientos en la ejecución del contrato de limpieza viaria de Baena y Albendín, adjudicado a la UTE Urbaser–Muser Prode.
En un comunicado de prensa, la CTA ha asegurado que “aunque la Fiscalía archiva la vía penal, el decreto respalda con datos oficiales las denuncias” formuladas por este sindicato, el cual ha insistido “en los incumplimientos acreditados en el expediente”.
De igual forma, han insistido en que “el decreto fiscal, basado en el informe y la documentación recabada por la Secretaría General del Ayuntamiento, ha confirmado que hay maquinaria insuficiente, mejoras prometidas y no ejecutadas, un sistema informático de gestión no implantado, servicios de limpieza con deficiencias, adaptaciones para personas con discapacidad: incumplidas y una sanción grave de la Inspección de Trabajo por no registrar la jornada laboral.
El sindicato ha indicado que en un informe, el Secretario General del Ayuntamiento reconoce que, pese a los requerimientos, “con los medios personales y materiales de que se dispone, no se llega a controlar con total exhaustividad la compleja prestación del servicio, llegándose en ocasiones mal y/o tarde a la corrección de esta problemática”.
Para CTA, estas palabras confirman que la ciudadanía de Baena y Albendín podría verse afectada por un servicio que no se presta en los términos pactados, y que la plantilla sufre una mayor carga de trabajo y carencia de medios. Exigencia de actuación y responsabilidades políticas CTA recuerda que la Ley de Contratos del Sector Público permite al Ayuntamiento imponer penalidades e incluso resolver el contrato.
Ante esta situación, la organización sindical ha solicitado un inicio de los procedimientos sancionadores previstos en la ley, un estudio de la resolución del contrato para proteger el interés público y una depuración de responsabilidades políticas por la falta de control que ha permitido estos incumplimientos.
