Las plantas de biogás deberán garantizar la protección ambiental y el control de sus efectos, también en Baena
La implantación de plantas de biogás, una cuestión de interés para municipios como Baena por su vinculación con el sector agrícola y la gestión de residuos orgánicos, deberá ajustarse a estrictos requisitos ambientales. Así al menos lo ha expuesto la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez, durante una intervención en el Parlamento andaluz.
La consejera ha subrayado que cada instalación debe someterse a una evaluación individualizada para determinar su viabilidad ambiental. Entre los aspectos que se analizan figuran las emisiones, los olores, los vertidos, el ruido, la afección al suelo y al entorno natural, así como la compatibilidad urbanística del proyecto, que debe contar con el correspondiente informe municipal.
En caso de que el ayuntamiento informe de una incompatibilidad con el planeamiento urbanístico antes de concederse la Autorización Ambiental Integrada, el procedimiento deberá finalizar mediante una resolución motivada, previa audiencia a las partes interesadas.
La tramitación incluye distintos procedimientos en función de las características y la capacidad de tratamiento de cada planta. Las instalaciones de mayor capacidad pueden requerir una Autorización Ambiental Integrada, mientras que otras se someten a una Autorización Ambiental Unificada Simplificada. En ambos casos se contempla la evaluación de impacto ambiental.
Asimismo, los proyectos deben someterse a un periodo de información pública de al menos 30 días hábiles, durante el cual la ciudadanía puede conocer la documentación y presentar alegaciones. También se recaban informes de las administraciones competentes para valorar las posibles afecciones.
La consejera ha insistido en que el aprovechamiento de residuos orgánicos para producir energía renovable puede contribuir a la economía circular y a reducir las emisiones de metano. No obstante, estos beneficios no eximen a las instalaciones de cumplir las exigencias ambientales.
Finalmente, las autorizaciones favorables deben establecer medidas de protección, planes de seguimiento y vigilancia, y obligaciones de comunicación de datos que permitan comprobar el cumplimiento de las condiciones impuestas.
