El cooperativismo andaluz pide reforzar la posición del productor ante la pérdida de rentabilidad del olivar

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía advierte de la complicada situación que atraviesan actualmente numerosas explotaciones olivareras como consecuencia de la combinación de unos elevados costes de producción y unos precios en origen que, en muchos casos, dificultan alcanzar el umbral de rentabilidad, lo que, por otro lado, demuestra una vez más la inutilidad de la Ley de la Cadena.

Según indican desde esta organización, el sector viene soportando durante los últimos años un fuerte incremento de los costes vinculados a la actividad agraria, desde los carburantes y la energía hasta los fertilizantes, la maquinaria, el riego, o la mano de obra. Una presión que sigue condicionando de manera muy importante los márgenes de los agricultores y que obliga a analizar la situación del mercado no únicamente desde el punto de vista de los volúmenes comercializados, sino fundamentalmente desde la rentabilidad de las explotaciones.

De hecho, según el reciente estudio publicado por la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), los costes medios de producción del olivar se han incrementado alrededor de un 57% durante los últimos seis años. Las diferencias son importantes en función del sistema productivo, pero en el olivar tradicional los costes pueden situarse entre los 4,18 y los 5,31 euros por kilo de aceite, mientras que incluso determinados sistemas intensivos presentan costes superiores a los tres euros por kilo.

Esta realidad contrasta con la evolución reciente de las cotizaciones en origen. Los datos disponibles durante el mes de agosto sitúan los precios del aceite de oliva en niveles que, dependiendo de la categoría y del sistema de explotación, dejan a una parte significativa del olivar con márgenes muy reducidos o directamente por debajo de sus costes de producción.

La situación es especialmente llamativa porque este escenario de precios coincide con un mercado que mantiene un importante ritmo de comercialización. Durante el mes de julio las salidas estimadas alcanzaron las 135.312 toneladas, casi 20.000 toneladas por encima de la media de julio de las últimas cinco campañas.

Al mismo tiempo, las existencias totales se situaban a 31 de julio en unas 568.700 toneladas, tras reducirse en más de 113.000 toneladas respecto al mes anterior. Estos datos evidencian que existe actividad comercial y que el aceite de oliva continúa encontrando salida en los mercados.

No obstante, desde Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía se insiste en no poner el foco únicamente en las buenas cifras de comercialización. El verdadero indicador de sostenibilidad del sector no puede ser cuánto aceite se comercializa, sino si el agricultor puede cubrir sus costes, obtener una remuneración adecuada por su actividad y disponer de capacidad económica para continuar invirtiendo y manteniendo sus explotaciones.

Ante esta situación, la federación regional considera necesario reforzar el trabajo conjunto de todo el sector productor, actuando de manera coordinada con las organizaciones profesionales agrarias y con las administraciones.

A este respecto, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía viene reclamando al Gobierno nacional y europeo un mayor control y seguimiento del aceite de oliva procedente de terceros países que entra en el mercado comunitario, tanto a través de contingentes libres de aranceles como mediante operaciones acogidas al régimen de perfeccionamiento activo (RPA/TPA).

La federación considera imprescindible garantizar que todo el aceite de oliva que accede al mercado europeo cumpla estrictamente las mismas exigencias normativas, de calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria aplicables a la producción comunitaria, así como reforzar la transparencia sobre los volúmenes y destinos de estas operaciones.

El objetivo es preservar unas condiciones de competencia equilibradas y evitar que estos instrumentos comerciales puedan ser utilizados de forma que distorsionen el funcionamiento normal del mercado o introduzcan una presión artificial a la baja sobre los precios en origen, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea.