La Escuela Municipal de Teatro es adjudicada de forma definitiva a Cristóbal Pérez Jorge
La Escuela Municipal de Teatro de la localidad de Baena ha sido adjudicada de forma definitiva, y tras dos intentos fallidos, a la misma persona que la había venido dirigiendo en las últimas dos décadas, a Cristóbal Pérez Jorge, tras varios meses de incertidumbre y que no han estado exentos de polémica.
La Plataforma de Contratación del Sector Público hacía pública hace unos días esta resolución definitiva que tiene como objeto prestar el servicio de impartición de clases y actividades de la Escuela de Teatro de Baena al resultar la oferta más ventajosa. El valor estimado del contrato es de 52.066 euros.
Fue a primeros del mes de julio cuando el director de teatro, el baenense Cristóbal Pérez Jorge, quedaba fuera de esta adjudicación al ser superado en la licitación por la empresa Eleven Decen Events S.L.. En este momento, tanto los alumnos como muchos ciudadanos de la localidad y representantes de varios grupos políticos de la oposición, iniciaron una campaña en redes sociales exigiendo que la escuela volviese a manos de quien hasta ahora la había venido gestionando.
El pasado 22 de julio, el concejal de Presidencia en el Ayuntamiento de Baena, José Andrés García, informaba de que la empresa que había resultado adjudicataria del contrato de gestión de la Escuela Municipal de Teatro había presentado “un escrito de renuncia al contrato”, por lo que ahora se pasaba a la segunda empresa, que era “la del actual director de la escuela, Cristóbal Pérez Jorge”.
García subrayaba que entendía que “los ciudadanos opinen, desde su punto de vista con total libertad”, si bien criticaba que lo hagan “miembros de la oposición, como la exalcadesa, Cristina Piernagorda o el parlamentario andaluz, Javier Vacas, que sí conocen perfectamente el procedimiento” y tildaba de “acto de irresponsabilidad lanzar bulos y medias verdades”.
El edil socialista quiso “dejar claro” en esta comparecencia, que “en este Ayuntamiento ahora se cumple con la ley de contratos del sector público” y aseguraba que “es un procedimiento de contratación que se hace conforme dice la ley, y no es una decisión política” por lo que “la oferta se barema conforme a las condiciones y cláusulas que se establecieron y la empresa que más puntuación obtiene se propone para adjudicar el contrato”.
