La DOP Baena muestra sus discrepancias sobre el proyecto del RD de comercialización de aceite de oliva
La Denominación de Origen Protegida (DOP) Baena se ha sumado a las voces críticas y discrepantes, procedentes de todos los ámbitos del sector oleícola, con el proyecto del Real Decreto de Comercialización de Aceite de Oliva que ha presentado el Ministerio de Agricultura y que actualmente se encuentra en fase de alegaciones.
“Una normativa que no se entiende y no satisface a nadie porque está llena de ocurrencias y que, paradójicamente, lo único que ha conseguido, como aspecto positivo, es unir a todo el sector del aceite de oliva en contra de ella”.
Así lo ha asegurado a Televisión Baena el secretario general del Consejo Regulador de la DOP Baena, José Manuel Bajo, que a su vez, es también secretario ejecutivo de la Sectorial Nacional del Aceite de Oliva Virgen con Denominación de Origen que ha remitido un escrito al Ministerio de Agricultura en el que muestra su posición sobre el Proyecto de RD de comercialización de Aceite de oliva sometido a información pública.
Según ha explicado Bajo, desde la sectorial consideran que “las causas que alegan como ‘distorsiones del mercado’, no se ajustan a la compleja realidad del sector”, puesto que se contemplan exclusivamente aquéllas que vienen causadas por los incrementos puntuales de oferta en la producción española, “y no valoran las distorsiones causadas por las importaciones (vía contingentes y TPA), que sin duda son una causa añadida tanto o más importante que las fluctuaciones de las cosechas”.
En segundo lugar, Bajo ha indicado que, en un contexto de mercado global, del que España significa únicamente un 40% de la producción oleícola, “plantear medidas como las propuestas, exclusivamente al sector oleícola español, no puede causar si no la ruina total de los hombres y mujeres, así como de las empresas no especulativas, que se dedican a este producto en España”.
Asimismo, el secretario general de la DOP Baena señala que “la norma es muy poco concreta sobre quien o quienes han de proponer las medidas a aplicar”, de modo que manifiesta sus dudas de que “los representantes sectoriales aludidos, gocen de mecanismos de refrendo suficiente de las mismas, algo fundamental dado el calado de lo propuesto”.
Por todo ello, desde la DOP Baena, así como desde el resto de agentes del sector, manifiestan su “más enérgico y absoluto rechazo a facilitar la adopción de las medidas planteadas en el artículo tres del proyecto, por considerarlas contrarias a los intereses del sector en general y, en particular de los inscritos en las denominaciones oleícolas españolas” justificando este rechazo en que “las medidas de regulación de mercado propuestas, incluyen la retirada del aceite de oliva hasta la campaña siguiente y su destino a uso no alimentario, así como la planificación de la producción mediante cosecha temprana, en función de las variedades”.
En cuanto a la retirada del aceite oliva hasta la campaña siguiente o destino a uso no alimentario, Bajo considera que la aplicación de dicha medida “no garantiza una respuesta al alza de los precios suficiente para sufragar los costes y pérdidas ocasionados por la retirada del producto”.
En este sentido, echa en falta una medida presupuestaria que, en caso necesario, “pueda compensar los gastos y las pérdidas, tanto de retirada como del destino no alimentario del producto” y explica que en el contexto actual de precios, la retirada de un 10% de la producción en la categoría lampante para uso no alimentario, como por ejemplo para biodiesel, supondría un coste próximo a los 200 millones de euros a nivel nacional, y 40 millones de euros en el conjunto de las denominaciones de origen españolas” y ante ello, “sin la garantía del presupuesto necesario, nunca se deberían ni siquiera plantear la aplicación de este tipo de medidas”.
Con respecto a la planificación de la producción mediante cosecha temprana en función de las variedades, Bajo entiende que su aplicación presenta “un altísimo grado de complejidad y que no solo no va a servir para disminuir la producción y mejorar la calidad, sino que por el contrario podría provocar discriminaciones entre comarcas con diferencias varietales, y una pérdida de valor de los aceites de cosecha temprana ya existentes en el mercado, al incrementarse en un momento puntual, la oferta de un producto efímero que aún no tiene una suficiente cuota de mercado”.
Finalmente, destaca la “incongruencia” de que, “por un lado se está permitiendo el incremento incontrolado de la superficie de olivar, y por otro se pretende limitar la producción de los olivares ya productivos” y añade que “la aplicación de medidas de esta índole, únicamente penalizaría las buenas labores agrícolas, algunas variedades frente a otras e incidiría negativa y directamente en los costes de producción, al limitar rendimientos tanto a la pasta de aceituna como a la superficie cultivada”.
